Estudiantes Estafados (I)

PolíticaJueves 18 de Marzo de 2010
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Las auditorias a la Universidad Simón Rodríguez arrojan como resultado que miles de alumnos y graduados han pagado por una educación ilegal
Jessica Carrillo Mazzali

U n informe de 193 páginas relata las múltiples irregularidades de la Universidad Experimental Simón Rodríguez en relación al funcionamiento académico y el mal manejo de los fondos provenientes de la Fundación Instituto de Estudios Corporativos (FIEC). La fundación, creada en 1997, posee 106 convenios que pretenden satisfacer la necesidad de profesionalización y de estudios técnicos superiores y a través de ella, la Unesr atiende actualmente a unos 75.000 estudiantes. Sin embargo, son unos 40.000 los que se encuentran activos, pues la falta de archivos y estadísticas no les permiten saber el destino de la otra mitad del estudiantado. El documento incluye una serie de cartas, auditorias (académicas y administrativas) y facturas que sustentan las investigaciones realizadas por el ex director del FIEC, Marcelino Alcalá, solicitadas en 2009 por el entonces ministro de Educación Superior, Luís Acuña. En una carta enviada al encargado del despacho de Educación, Alcalá destaca que el FIEC es una fundación que tiene como objetivo contribuir en la diversificación de ingresos a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez a través de las actividades que faciliten a la casa de estudios la realización de funciones de docencia, investigación, extensión y producción. Además, subraya en negrita que el FIEC es una fundación sin fines de lucro. Allí, denuncia que los servicios que presta la Unesr a través de la fundación son propios de una universidad privada. "Los estudiantes tienen que pagar los estudios cursados y todos los gastos asociados a los mismos. Para justificar el cobro de aranceles tergiversaron la correcta e indiscutible interpretación del artículo 103 de la Constitución", se lee. Dicho artículo, inscrito en la carta magna, señala que la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. Esto quiere decir que las actividades de las dos instituciones se desarrollan en total paralelismo funcional. El informe final del ex director señala que por medio de la fundación la universidad, de manera irrita, privatiza los servicios que debe prestar de manera gratuita para cumplir su misión. Cada estudiante paga un monto promedio de 700 a 800 BsF. semestral por la posibilidad de obtener su especialización. Pero, más allá de los cobros y el desvío de fondos, la situación más grave es que, a juicio de Alcalá y un grupo de profesores encargados de realizar auditorias académicas, la universidad ha graduado a una gran cantidad de personas en carreras no autorizadas, como es el caso de Ingeniería en Telecomunicaciones, y aseguran, además, que la calidad de la educación impartida a través de la fundación nunca se ha garantizado. El resultado de las investigaciones realizadas pone en duda el criterio de selección de los facilitadotes, pues no es posible determinar si cumplen con los requisitos establecidos por la Universidad en vista de que el personal es seleccionado por los Coordinadores Académicos locales del FIEC y no existen expedientes que permitan hacer las comprobaciones correspondientes. Entre las conclusiones del informe destaca que la FIEC no está facultada para dictar programas de educación superior, independientemente de las vías escogidas para darle carácter legal a las actividades que realizan a través de convenios con instituciones públicas o privadas. Además resalta que no está entre las competencias del Consejo Universitario, ni del Rector, reconocer estudios efectuados en organismos no autorizados por el Consejo Nacional de Universidades, ni delegar a otras instituciones la responsabilidad de dictar programas de educación. Lea mañana la segunda parte de la serie, correspondiente a las irregularidades administrativas de la institución.

Estudiantes Estafados (II)

PolíticaViernes 19 de Marzo de 2010
Pag. 9 / TalCual /Política

No sólo las irregularidades académicas abundan en la Unesr. Varias inconsistencias administrativas fueron encontradas en las auditorias
Jessica Carrillo Mazzali

L a auditoria realizada por Marcelino Alcalá, el ex director de la Fundación Instituto de Estudios Corporativos (FIEC) y un grupo de profesores de UCV expertos en el área, a la Universidad Experimental Simón Rodríguez, arrojó una serie de irregularidades administrativas y académicas que ponen en riesgo el destino como estudiantes de unas 40 mil personas. El informe final, de 193 páginas, señala que por medio de la fundación la universidad privatiza, de manera írrita, los servicios que debe prestar de manera gratuita. Además cuestiona enfáticamente la calidad de la educación impartida en la institución y la acusa de ofrecer carreras no autorizadas. Pero la parte académica no es el único aspecto que tiene las piernas débiles: no hay una situación financiera y contable clara de la fundación en cuanto manejo de los recursos. El texto denuncia al menos 7 casos de situaciones irregulares relacionados con pago de facturas, viáticos, honorarios profesionales que sobrepasan los límites establecidos en los estatutos, inconsistencias en los pagos a empleados y alquiler de inmuebles que nunca rindieron beneficios a la institución. Los auditores determinan que en el FIEC no se ejerce un control efectivo de las disponibilidades bancarias, pues se encontraron deficiencias en los formularios y en los métodos empleados para realizar las conciliaciones en las cuentas corrientes mediante las cuales se efectuaron pagos con cheques. Los encargados de la auditoria establecieron que no existe elaboración de presupuestos de ingresos y egresos anuales. También encontraron sobregiros e importantes inconsistencias entre la información contable producida por la Dirección de Recursos Humanos y la calculada por la Dirección de Administración con respecto al cálculo de las prestaciones sociales. Por otro lado, también quedo en evidencia la ausencia de soportes que corroboren las contrataciones que realiza la FIEC. TRABAJADORES SIN DERECHOS Los trabajadores de la fundación no se salvaron de atravesar por situaciones de arbitrariedad. Retrasos en los pagos de los beneficios laborales, ausencia de Fideicomisos que obligó a la FIEC a asumir el costo de los intereses que representan los pasivos de antigüedad a través de la empresa y no a través de una entidad financiera e irregularidades en el pago de liquidaciones y jubilaciones ilegales son una muestra de las situación laboral de la FIEC. Marcelino Alcalá expone que el ex director de administración, Francisco Fabio Peña, "presentó en reiteradas oportunidades, tanto a las autoridades del FIEC como al rector, presidente del comité superior, estados financieros que carecían de veracidad por lo que distorsionó la realidad financiera de la institución" escribe en el informe. Alcalá denuncia que Mario Cavani, ex rector de la Unesr, le solicitó entre los meses de junio y julio de 2009 la transferencia y pago de facturas por un monto superior a BsF. 2.100.000 por concepto de reparación de aires acondicionados, problemas presentados en el área de servicios, adquisición de pergaminos y esqueletos de títulos, reparación de vehículos, viáticos, etc. El ex director de la FIEC se negó a hacer esos pagos en vista de la crisis financiera de la institución. La situación llegó hasta el Ministerio de Educación Superior y a través de negociaciones y el llamado del ex ministro Luis Acuña a mantenerse dentro del marco legal el despacho de educación resolvió asumir el pago de los recursos solicitados. Otro caso que alarmó a los auditores fue el de la reparación de la camioneta Eco-Sport año 2004, placas JAM-39P, asignada al rector, pues la que tenía anteriormente está dañada y se desconoce su paradero. Por instrucciones del rector Mario Cavan se solicitó el pago a Servicios Múltiples Lugo, CA. Por un monto de 24.102 BsF. Marcelino Alcalá respondió a la misiva indicando que no podían cancelar ese monto en vista de que existían presupuestos por montos menores (el más bajo era de 13.158 BsF.). También denuncia que fueron presentados presupuestos como soporte de pago en lugar de facturas. Otro caso es el de las reparaciones a 128 unidades de transporte para lo cual el presupuesto asignado era de 12.275 BsF. Las empresas Servicios Múltiples Lugo, CA y Alter Saint, CA elaboraron presupuestos por un monto de 2.141.815 BsF. que fueron cancelados a través de cheques provenientes de una cuenta del Banco de Venezuela perteneciente a la Dirección de Desarrollo Estudiantil. El documento indica que el monto no pudo ser determinado por la falta de información y facturas. Aunque el informe no detalla el monto total por un trabajador de la FIEC se pudo conocer que en los casos de corrupción están involucrados unos 50 millones de bolívares fuertes. Alcalá recordó en su informe que, de decidirse la liquidación del FIEC, es prioritario considerar que la nómina incluye a 3.831 trabajadores, que el presupuesto necesario para proceder con la liquidación es de BsF. 75.792.649 y que es importante un período de transición de unos 30 meses para dar tiempo suficiente a los estudiantes de la última cohorte para que culminen sus estudios. La última información conocida sobre el asunto es que el Ministerio de Educación Superior decidió liquidar la FIEC sin dar el plazo requerido. Sin embargo, la resolución aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial.