PolíticaJueves 18 de Marzo de 2010Pag.6 /TalCual /Política
Las auditorias a la Universidad Simón Rodríguez arrojan como resultado que miles de alumnos y graduados han pagado por una educación ilegal
Jessica Carrillo Mazzali
U n informe de 193 páginas relata las múltiples irregularidades de la Universidad Experimental Simón Rodríguez en relación al funcionamiento académico y el mal manejo de los fondos provenientes de la Fundación Instituto de Estudios Corporativos (FIEC). La fundación, creada en 1997, posee 106 convenios que pretenden satisfacer la necesidad de profesionalización y de estudios técnicos superiores y a través de ella, la Unesr atiende actualmente a unos 75.000 estudiantes. Sin embargo, son unos 40.000 los que se encuentran activos, pues la falta de archivos y estadísticas no les permiten saber el destino de la otra mitad del estudiantado. El documento incluye una serie de cartas, auditorias (académicas y administrativas) y facturas que sustentan las investigaciones realizadas por el ex director del FIEC, Marcelino Alcalá, solicitadas en 2009 por el entonces ministro de Educación Superior, Luís Acuña. En una carta enviada al encargado del despacho de Educación, Alcalá destaca que el FIEC es una fundación que tiene como objetivo contribuir en la diversificación de ingresos a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez a través de las actividades que faciliten a la casa de estudios la realización de funciones de docencia, investigación, extensión y producción. Además, subraya en negrita que el FIEC es una fundación sin fines de lucro. Allí, denuncia que los servicios que presta la Unesr a través de la fundación son propios de una universidad privada. "Los estudiantes tienen que pagar los estudios cursados y todos los gastos asociados a los mismos. Para justificar el cobro de aranceles tergiversaron la correcta e indiscutible interpretación del artículo 103 de la Constitución", se lee. Dicho artículo, inscrito en la carta magna, señala que la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. Esto quiere decir que las actividades de las dos instituciones se desarrollan en total paralelismo funcional. El informe final del ex director señala que por medio de la fundación la universidad, de manera irrita, privatiza los servicios que debe prestar de manera gratuita para cumplir su misión. Cada estudiante paga un monto promedio de 700 a 800 BsF. semestral por la posibilidad de obtener su especialización. Pero, más allá de los cobros y el desvío de fondos, la situación más grave es que, a juicio de Alcalá y un grupo de profesores encargados de realizar auditorias académicas, la universidad ha graduado a una gran cantidad de personas en carreras no autorizadas, como es el caso de Ingeniería en Telecomunicaciones, y aseguran, además, que la calidad de la educación impartida a través de la fundación nunca se ha garantizado. El resultado de las investigaciones realizadas pone en duda el criterio de selección de los facilitadotes, pues no es posible determinar si cumplen con los requisitos establecidos por la Universidad en vista de que el personal es seleccionado por los Coordinadores Académicos locales del FIEC y no existen expedientes que permitan hacer las comprobaciones correspondientes. Entre las conclusiones del informe destaca que la FIEC no está facultada para dictar programas de educación superior, independientemente de las vías escogidas para darle carácter legal a las actividades que realizan a través de convenios con instituciones públicas o privadas. Además resalta que no está entre las competencias del Consejo Universitario, ni del Rector, reconocer estudios efectuados en organismos no autorizados por el Consejo Nacional de Universidades, ni delegar a otras instituciones la responsabilidad de dictar programas de educación. Lea mañana la segunda parte de la serie, correspondiente a las irregularidades administrativas de la institución.
