NO HAY QUE MORDER EL ANZUELO…

Comunidad - Jueves 29/07/ 2010- pág.12

Voté en contra de la Constitución Bolivariana. Lo hice por diversos motivos pero los más importantes fueron mi repudio a la vileza de forzar al pueblo a aprobar la Constitución entre gallos y media noche, la contradicción creada por la existencia de una República Federal Unicameral, la declaración de una democracia participativa sin definir los mecanismos claramente, y por último, la inmunidad que se le otorgaba a los militares de alto rango. Si hubiera sido obrero o empleado universitario hubiera votado en contra porque “La Bicha”, como afectuosamente la llamaron, me excluía como miembro de la comunidad universitaria (Titulo VI Art.109).

¿Quién tiene la culpa de que la Constitución de 1999 excluya a obreros y empleados de la comunidad universitaria? ¿Por qué los obreros y empleados universitarios no leyeron cuidadosamente la propuesta constitucional? ¿Por qué no le reclaman a quien compete, léase, el Presidente y quienes le acompañan en el Gobierno? Creo firmemente que los obreros y los empleados tienen derecho a solicitar su inclusión como miembros de la comunidad universitaria. En lo que no estoy de acuerdo es en que los universitarios nos hagamos cómplices de una nueva violación de la Constitución. Lo legal es que obreros y empleados universitarios soliciten formalmente una reforma constitucional para resolver el asunto. Con esta reflexión quiero llamar la atención sobre lo que subyace ante esta nueva violación a “La Bicha”.

La historia de la humanidad, y la de Venezuela, está llena de ejemplos de cómo los atajos ilegales que se tomaron para resolver entuertos se convirtieron luego en armas eficaces, contra quienes los solicitaron, cuchillo pa` su propio pescuezo. Entre los ahora promotores de la inclusión de los obreros y empleados en la elección de las autoridades universitarias hay personas que los ignoraron cuando se escribió la Constitución Bolivariana. ¿Por qué tienen tanto apuro? ¿Por qué están dispuestos a violar nuestras leyes nuevamente? ¿Será que detrás de esa insistencia está el caballo de Troya que finalmente le permitirá al chavismo apoderarse de las universidades públicas para acabar con su autonomía?

En este aspecto y en el siguiente hay que ser muy cuidadoso y desconfiado. Recientemente se han producido movimientos en el núcleo y visitas a la Asamblea Nacional y al MPPEU resucitando la idea de separar el Núcleo de Sucre del resto de la Universidad de Oriente. Las razones esgrimidas son las mismas de siempre: la arbitrariedad de las autoridades rectorales quienes no demuestran interés por este núcleo y, al eliminar el Rectorado, el uso más eficiente del dinero público.

Para quien no hace vida en el Núcleo de Sucre y no conoce la trayectoria de las personas que propugnan la idea, la propuesta luce adecuada. El asunto está en que entre los proponentes de esta solución mágica hay quienes son, o fueron, autoridad en el núcleo y se han comportado de la misma manera como dicen que lo han hecho las autoridades rectorales. Lo que parece es que el chavismo quiere anular la resistencia de las universidades autónomas a como dé lugar. En resumen, tras la brillante propuesta se oculta un vulgar “quítate tu pa´ ponerme yo”. No hay que presumir de mucha inteligencia para reconocer que luego de ocho (sí. ¡Ocho!) gestiones decanales, este grupo de colegas no ha sabido conducir nuestro núcleo.

Arriesgarnos a servir el Núcleo de Sucre en bandeja de plata al gobierno es una acción irresponsable y peligrosa que podría terminar volviéndose en contra de los ofertantes. ¿Es que acaso somos tan ingenuos para pensar que el actual Ministro designará a alguno de los proponentes como nuevo Rector o que mantendrá la seguridad de nuestros puestos de trabajo? Si no lo creen, miren la actuación de nuestro ex decano, ex ministro y hoy aspirante de nuevo a la asamblea. ¿A quien designó como Rector a raíz de la intervención de la Universidad Simón Rodríguez? ¿A un profesor de esa casa de estudios? No, el nombramiento recayó sobre un extraño, casualmente el también ex decano Mario Cavani.

Prof. José Rafael Díaz

udistasns@gmail.com

http://udistasns.blogspot.com/

EL SEXO DE LOS ÁNGELES

Existen expresiones afortunadas. Algunas frases se apoderan del tiempo y nos obligan a vivir con ellas. No importa si algunos grupos o personas las reprochan o las reniegan. Existe un algo, indefinible, que alimenta las expresiones y obliga a su uso, so pena de romper los canales de comunicación. Parecen un dictamen del tiempo. Esas frases aparecen, en boca de la generalidad social, no importando la actividad humana específica e inclinando el comportamiento.
Pasa eso con la expresión “romper paradigmas”, una expresión, de origen académico, que permea la visión pragmática del mundo social y que se ha convertido en un lugar común en infinidad de eventos sociales. Quien más y quien menos quiere, llegada su oportunidad, “romper paradigmas”. El asunto no sería trascendente si se tratara, en la práctica social, sólo de una frase de moda o de una expresión de esnobismo, al estilo de “taxi, siga ese auto” o “hasta la vista, baby”, pero cuando esta “necesidad” de romper paradigmas se aplica a aspectos de la vida social donde su ejecución implica aspectos neurálgicos, como los currículos universitarios, debe sopesarse con total seriedad la aplicación de este mandato del tiempo.
Dentro de lo que se ha llamado rompimiento paradigmático en las universidades aparecen algunas ideas que, consideradas detenidamente, pueden resultar nocivas para la principal labor universitaria: la formación de los profesionales del país. Obviamente no podemos tratarlas en profundidad, ni negamos, con su sola enumeración, los vestigios de verdad o de genuino interés que pudieron originarlas, pero invitamos a su consideración.
Asistimos, por ejemplo, a una generalización de ideas y prácticas donde se minimiza la función del docente universitario. Una muestra de ello lo encontramos claramente expresado en el discurso donde se produce la sustitución de la figura del profesor por la imagen de facilitador, negándose con ello la experticia necesaria al carácter del docente universitario, una de cuyas labores consiste en mantener actualizado el arte de su ciencia. Otra expresión de lo mismo es la desafortunada costumbre de dejar en manos de los estudiantes la exposición de los contenidos, sin la guía y el ajuste teórico que sólo puede brindar quien lo ha estudiado a profundidad. Igualmente, consideramos la presencia de los llamados “talleres”, tan solicitados por los estudiantes, donde la responsabilidad del acto académico (enseñanza -aprendizaje) se difumina en una suerte de compromiso colectivo, a mi criterio de muy difícil evaluación.
Esta “moda” académica obedece a una serie de representaciones de muy buen sonar, pero de difícil sustento teórico. Una de ellas es que los aprendices son capaces de aprender por su cuenta, reforzándose una noción de autonomía que sostiene que cada persona puede aprender de una manera particular. Con esta visión se niega la presencia en lo individual de los elementos culturales y del inmenso trabajo de la pedagogía como ciencia.
Un aspecto realmente alarmante es la sustitución de contenidos considerados tradicionales. Dentro de esta idea de lo tradicional se supone la noción de viejo, desactualizado, vencido o inadecuado a los tiempos, lo cual no es necesariamente verdadero. Por una visión así desaparecieron de los currículos de la educación secundaria los programas de historia universal, de historia del arte, la enseñanza del latín y otros programas que ayudaban al estudiante a colocarse, en el mundo y en el tiempo, como producto histórico y cultural. Los docentes universitarios sufrimos por ello la presencia de estudiantes que tienen una noción limitadísima del mundo que habitan.
Tan alarmante como lo anterior es la existencia de una pedagogía vacía de contenidos, que está centrada en las formas de enseñar sin importar lo que se enseña. A estas actividades se dedican innumerables horas de docencia, de recursos y de discusiones curriculares, sin otro producto apreciable que el entusiasmo de los estudiantes que se conforman con clases como las descritas, como si estuvieran observando un performance mediático. Otros reflexionan sobre la sensación de vacío, en términos del aprendizaje, con la que salen de esos salones de clase.
No es una realidad sencilla la que comentamos. No se trata de asumir irreflexivamente el mandato del tiempo de romper paradigmas, con discusiones infinitas de modificaciones curriculares. Se trata de observar la realidad de la docencia universitaria y de referirla a su función social.
Si no lo hacemos corremos el riesgo de que pase en la universidad lo que pasó en la civilización grecorromana cuando, dormida en los laureles de un modelo social que duró más de dos mil años, se negó a ver cómo se resquebrajaba el imperio bizantino, con peleas intestinas, disputas entre el estado y la iglesia y la presencia de los turcos musulmanes en las puertas de Constantinopla.
Se cuenta que cuando el imperio cayó en poder de los turcos, los políticos regentes de Bizancio estaban en el interior de sus palacios discutiendo cuántos demonios cabían en la cabeza de un alfiler y tratando de dilucidar el sexo de los ángeles.
Profa. Graciela Acevedo
udistasns@gmail.com
http://www.udistasns.blogspot.com/

LA DISCRIMINACIÓN COMO POLÍTICA DE EMPLEO EN EDUCACIÓN

COMUNIDAD / 14-07-2010/ Pag. 13

Son muchos los egresados en las recientes promociones de la Licenciatura en Educación mención Castellano y Literatura de la UDO que nos comentan del impedimento práctico para acceder a un puesto de trabajo con la llamada Zona Educativa del estado Sucre. Suponemos que algo semejante debe estar ocurriendo con los titulados en otras menciones.

Según lo que hemos logrado saber por diferentes fuentes, se ha puesto en ejercicio una política oficial que privilegia la contratación de los egresados de la Misión Sucre para los cargos de docentes en educación básica, media y diversificada. Al parecer, se sigue un mandato del propio Presidente, quien ordenó incluir las promociones de las misiones en la nómina estatal (ver El Nacional 13/06/2010, Siete días, p. 2).

De esta manera, se viene obstaculizado la posibilidad de que egresados de instituciones universitarias como la UDO ocupen puestos donde desempeñen la profesión para la cual han sido formados durante varios años. El argumento verdadero del manejo referido no es simplemente el de la necesidad de la inserción de los egresados de dicha Misión en el campo laboral. En boca de directivos de la dependencia estadal administradora de la política gubernamental, en reuniones y talleres, se expresa que el personal docente debe ser el “formado” en la orientación socialista, egresados afines al “proceso revolucionario”, condiciones que instituciones universitarias como la nuestra no garantizan.

Lo primero que debe apuntarse es que estamos en presencia de una descarada conducta discriminatoria que, como tal, niega principios constitucionales básicos que consagran el pluralismo y el derecho al trabajo, así como el rechazo a la discriminación en todo ámbito social, particularmente el educativo, principios establecidos primordialmente en los artículos 2, 21 (numeral 1), 57, 87, 88, 89 (numeral 5), 102, 103 y 104. Esta política nacional del gobierno ha sido denunciada por varias instituciones; una muy destacada es la Asociación de Profesores de la Universidad Experimental Libertador (APROUPEL), que en un pronunciamiento público demanda “Igualdad de condiciones y oportunidades de trabajo para todos nuestros egresados, por cuanto su incumplimiento es violatorio de sus derechos civiles, humanos y profesionales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales” (El Nacional, 19/06/2010). La UPEL, como sabemos, al igual que la UDO, se ha encargado por años de la formación y perfeccionamiento docente; de allí que exija, a través de su gremio, “respeto a la profesión y ejercicio de la carrera docente” (ídem). Cabría preguntarse si autoridades universitarias (rectorales, decanales, de la Escuela y sus departamentos) y representantes del gremio profesoral de la UDO han advertido esta injusta realidad en nuestro medio, ante la cual debe haber alguna respuesta.

A propósito de esto, habría que señalar un segundo aspecto de inocultable gravedad: ¿cómo queda en toda esta situación la labor formadora de educadores de instituciones universitarias como la nuestra? En la práctica es desconocida y relegada. Después de más 40 años de existencia de nuestra Escuela de Educación formando docentes en el espíritu plural y amplio que debe caracterizar todo quehacer educativo en una sociedad democrática, sus egresados pasan a ocupar un segundo lugar (cuando menos) por no estar identificados como instrumentos reproductores de un pensamiento único (léase “revolucionario” o “socialista”). En nombre de una ideología y praxis fracasadas históricamente, y de una estrategia populista, se ignora e irrespeta la labor y atribución académica de una institución universitaria con larga tradición en la formación docente.

Y finalmente, derivado de lo anterior, un tercer aspecto: la calidad académica de los egresados en educación de la Misión Sucre. Si el mismo Luis Fuenmayor Toro, quien estaba en la OPSU cuando esta misión fue implantada, ha dicho: “[…] no sabemos quiénes son los docentes que les dan clases […]” (ver El Nacional 13/06/2010, Siete días, p. 1), ¿qué podemos pensar? Incluso, en este reportaje citado el presidente de la Subcomisión de Misiones Educativas de la AN, Eddy Gómez, declara: “Hay que ver los alcances de las carreras que se imparten”. En investigaciones sobre las misiones educativas, realizadas por la UCV, se revelan, entre otros rasgos problemáticos, la carencia de criterios para ejecutar los programas y la poca participación de personal especializado (ver El Nacional01/09/2009, Nación-5). Desde diferentes perspectivas e instancias, pues, está en observación la calidad de la formación que en esa misión se “facilita”.

Atendiendo a nuestra función de formar a formadores, misión de muchos de los profesores de la Universidad de Oriente, y, por supuesto, haciendo valer las atribuciones de sus autoridades en los diferentes niveles jerárquicos, debemos afrontar esta realidad que menoscaba la labor que realizamos y atenta contra las expectativas de gran parte de nuestra población estudiantil.

Prof. José Malavé M

udistasns@gmail.com

http://udistasns.blogspot.com/

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL LADO OCULTO DE LA EXCLUSIÓN

COMUNIDAD/Cumaná 07 de julio de 2010/ Pag. 8

El ingreso a la Universidad, y en general a la Educación Superior, ha sido tema del debate académico permanente, y más recientemente lo ha sido también del debate político. Por esta razón se hace necesario hacer algunas aproximaciones que permitan ubicar el concepto de exclusión social en su contexto, en función de los cambios en los ámbitos económico, político y social. Se parte, entonces, de entender aquella como el “proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Public Welfare Services and Social Exclusion 1995:4).
Durante la década de los 70 e inicios de los 80 las instituciones educativas del nivel superior comenzaron a confrontar un problema que tuvo sus orígenes en la masificación de la educación en todos sus niveles. Este proceso produjo una alta demanda de cupos en todas las universidades que no pudo ser satisfecha por las limitaciones de espacio físico, presupuesto, número de docentes, entre otras condiciones.
El problema de accesibilidad a las instituciones universitarias aún persiste A la realidad anteriormente puntualizada se unen otros factores que profundizan la imposibilidad de estudio de una gran parte de la población estudiantil que egresa de los niveles medio y diversificado, tales como la pertinencia social de la educación superior, la equidad en los métodos utilizados para asignar cupos y calidad de la educación, entre otros.
La conformación de movimientos sin cupos, que pugnaban por el derecho a la educación, obligó a que los entes oficiales en 1978 pusieran en práctica una prueba que permitiera unificar criterios para el ingreso al nivel de educación superior. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Oficina de Orientación y Admisión a la Educación Superior (OCOADES) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprueban, el 09 de marzo de 1984, la obligatoriedad de la presentación de una prueba escrita denominada Prueba de Aptitud Académica (PAA), la cual se constituyó en requisito único e indispensable para acceder al nivel de educación superior. Es a través de ella como se obtiene el Índice Académico definido como “la capacidad o potencialidad de los individuos que aspiran ser seleccionados para cursar estudios universitarios.” (Boletín Informativo CNU, 1996); convirtiendo así los problemas de demanda en una cuestión de conocimiento y aptitudes, capacidades y características de los alumnos. Por otro lado, las instituciones educativas del nivel superior promovieron la aplicación de pruebas internas, cursos propedéuticos, programas especiales (Samuel Robinson-UCV, Proyecto Macuro-Opsu, Alto Rendimiento, Promedios UDO, etc.) y admisión por actas convenios, como métodos de ingreso que garantizarían la accesibilidad en el subsistema de educación superior.
Investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) en planteles demostraron un bajo rendimiento académico de los alumnos, relacionado con el escaso dominio de las competencias, capacidades o habilidades incluidas en los programas oficiales de educación. (Herrera, M., 1998. El Nacional / C-4). Con la eliminación de la Prueba de Actitud Académica (PAA), anuncio hecho por el presidente (24/05/2007), no desapareció la exclusión, sino que se anula un referente importante para calibrar la calidad de la educación media y diversificada, cuando no ocultarla, y por lo tanto no asumirse como un problema de Estado. Esto a pesar de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se proclama a la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, de carácter gratuita y obligatoria, y que el Estado asume como una función indeclinable y de servicio público.
Las consideraciones acerca de los procesos, proyectos y otras formas establecidas para ingresar al Sistema Educativo de Educación Superior pasan, necesariamente, por las limitaciones de orden económico de los estratos sociales más bajos y las que surgen como producto de la falta de inversión en el sistema educativo, condiciones limitantes de la calidad en todos sus niveles. Adicionalmente, existen problemas relacionados con la formación docente que agravan la situación: profesores improvisados, escasa supervisión, muy mala remuneración, dificultades para realizar estudios de postgrado, entre los más destacados.
Se ha pretendido hacer ver que el problema de la exclusión en la educación superior estaba en la Prueba de Aptitud Académica o en las políticas de admisión de las universidades, y no en el deterioro de la realidad educativa, incluyendo la universitaria. Ahora que el gobierno se abroga la distribución de los cupos en el subsistema de educación superior, se hace evidente la gravedad de la crisis, por cuanto no es suficiente con garantizar el ingreso; es necesario crear las condiciones para que los estudiantes prosigan y culminen exitosamente sus carreras. Para ello se requiere más y mejor inversión en educación: en servicios estudiantiles (comedor, transporte, bibliotecas, becas, ayudantías, etc.), en formación docente, en mejora de la calidad académica de los alumnos y progreso profesional y salarial de los decentes en los niveles preuniversitarios, en mantenimiento de la planta física existente y en la creación de nuevas infraestructuras e instituciones.
En las condiciones actuales la exclusión se acentúa. Este es el lado oculto de la exclusión que no se quiere mostrar.

Prof. Rafael Rasse
udistasns@gmail.com
http://udistasns.blogspot.com/