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COMUNIDAD/Cumaná 07 de julio de 2010/ Pag. 8
El ingreso a la Universidad, y en general a la Educación Superior, ha sido tema del debate académico permanente, y más recientemente lo ha sido también del debate político. Por esta razón se hace necesario hacer algunas aproximaciones que permitan ubicar el concepto de exclusión social en su contexto, en función de los cambios en los ámbitos económico, político y social. Se parte, entonces, de entender aquella como el “proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Public Welfare Services and Social Exclusion 1995:4).
Durante la década de los 70 e inicios de los 80 las instituciones educativas del nivel superior comenzaron a confrontar un problema que tuvo sus orígenes en la masificación de la educación en todos sus niveles. Este proceso produjo una alta demanda de cupos en todas las universidades que no pudo ser satisfecha por las limitaciones de espacio físico, presupuesto, número de docentes, entre otras condiciones.
El problema de accesibilidad a las instituciones universitarias aún persiste A la realidad anteriormente puntualizada se unen otros factores que profundizan la imposibilidad de estudio de una gran parte de la población estudiantil que egresa de los niveles medio y diversificado, tales como la pertinencia social de la educación superior, la equidad en los métodos utilizados para asignar cupos y calidad de la educación, entre otros.
La conformación de movimientos sin cupos, que pugnaban por el derecho a la educación, obligó a que los entes oficiales en 1978 pusieran en práctica una prueba que permitiera unificar criterios para el ingreso al nivel de educación superior. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Oficina de Orientación y Admisión a la Educación Superior (OCOADES) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprueban, el 09 de marzo de 1984, la obligatoriedad de la presentación de una prueba escrita denominada Prueba de Aptitud Académica (PAA), la cual se constituyó en requisito único e indispensable para acceder al nivel de educación superior. Es a través de ella como se obtiene el Índice Académico definido como “la capacidad o potencialidad de los individuos que aspiran ser seleccionados para cursar estudios universitarios.” (Boletín Informativo CNU, 1996); convirtiendo así los problemas de demanda en una cuestión de conocimiento y aptitudes, capacidades y características de los alumnos. Por otro lado, las instituciones educativas del nivel superior promovieron la aplicación de pruebas internas, cursos propedéuticos, programas especiales (Samuel Robinson-UCV, Proyecto Macuro-Opsu, Alto Rendimiento, Promedios UDO, etc.) y admisión por actas convenios, como métodos de ingreso que garantizarían la accesibilidad en el subsistema de educación superior.
Investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) en planteles demostraron un bajo rendimiento académico de los alumnos, relacionado con el escaso dominio de las competencias, capacidades o habilidades incluidas en los programas oficiales de educación. (Herrera, M., 1998. El Nacional / C-4). Con la eliminación de la Prueba de Actitud Académica (PAA), anuncio hecho por el presidente (24/05/2007), no desapareció la exclusión, sino que se anula un referente importante para calibrar la calidad de la educación media y diversificada, cuando no ocultarla, y por lo tanto no asumirse como un problema de Estado. Esto a pesar de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se proclama a la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, de carácter gratuita y obligatoria, y que el Estado asume como una función indeclinable y de servicio público.
Las consideraciones acerca de los procesos, proyectos y otras formas establecidas para ingresar al Sistema Educativo de Educación Superior pasan, necesariamente, por las limitaciones de orden económico de los estratos sociales más bajos y las que surgen como producto de la falta de inversión en el sistema educativo, condiciones limitantes de la calidad en todos sus niveles. Adicionalmente, existen problemas relacionados con la formación docente que agravan la situación: profesores improvisados, escasa supervisión, muy mala remuneración, dificultades para realizar estudios de postgrado, entre los más destacados.
Se ha pretendido hacer ver que el problema de la exclusión en la educación superior estaba en la Prueba de Aptitud Académica o en las políticas de admisión de las universidades, y no en el deterioro de la realidad educativa, incluyendo la universitaria. Ahora que el gobierno se abroga la distribución de los cupos en el subsistema de educación superior, se hace evidente la gravedad de la crisis, por cuanto no es suficiente con garantizar el ingreso; es necesario crear las condiciones para que los estudiantes prosigan y culminen exitosamente sus carreras. Para ello se requiere más y mejor inversión en educación: en servicios estudiantiles (comedor, transporte, bibliotecas, becas, ayudantías, etc.), en formación docente, en mejora de la calidad académica de los alumnos y progreso profesional y salarial de los decentes en los niveles preuniversitarios, en mantenimiento de la planta física existente y en la creación de nuevas infraestructuras e instituciones.
En las condiciones actuales la exclusión se acentúa. Este es el lado oculto de la exclusión que no se quiere mostrar.
Prof. Rafael Rasse
udistasns@gmail.com
http://udistasns.blogspot.com/
Durante la década de los 70 e inicios de los 80 las instituciones educativas del nivel superior comenzaron a confrontar un problema que tuvo sus orígenes en la masificación de la educación en todos sus niveles. Este proceso produjo una alta demanda de cupos en todas las universidades que no pudo ser satisfecha por las limitaciones de espacio físico, presupuesto, número de docentes, entre otras condiciones.
El problema de accesibilidad a las instituciones universitarias aún persiste A la realidad anteriormente puntualizada se unen otros factores que profundizan la imposibilidad de estudio de una gran parte de la población estudiantil que egresa de los niveles medio y diversificado, tales como la pertinencia social de la educación superior, la equidad en los métodos utilizados para asignar cupos y calidad de la educación, entre otros.
La conformación de movimientos sin cupos, que pugnaban por el derecho a la educación, obligó a que los entes oficiales en 1978 pusieran en práctica una prueba que permitiera unificar criterios para el ingreso al nivel de educación superior. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Oficina de Orientación y Admisión a la Educación Superior (OCOADES) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprueban, el 09 de marzo de 1984, la obligatoriedad de la presentación de una prueba escrita denominada Prueba de Aptitud Académica (PAA), la cual se constituyó en requisito único e indispensable para acceder al nivel de educación superior. Es a través de ella como se obtiene el Índice Académico definido como “la capacidad o potencialidad de los individuos que aspiran ser seleccionados para cursar estudios universitarios.” (Boletín Informativo CNU, 1996); convirtiendo así los problemas de demanda en una cuestión de conocimiento y aptitudes, capacidades y características de los alumnos. Por otro lado, las instituciones educativas del nivel superior promovieron la aplicación de pruebas internas, cursos propedéuticos, programas especiales (Samuel Robinson-UCV, Proyecto Macuro-Opsu, Alto Rendimiento, Promedios UDO, etc.) y admisión por actas convenios, como métodos de ingreso que garantizarían la accesibilidad en el subsistema de educación superior.
Investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) en planteles demostraron un bajo rendimiento académico de los alumnos, relacionado con el escaso dominio de las competencias, capacidades o habilidades incluidas en los programas oficiales de educación. (Herrera, M., 1998. El Nacional / C-4). Con la eliminación de la Prueba de Actitud Académica (PAA), anuncio hecho por el presidente (24/05/2007), no desapareció la exclusión, sino que se anula un referente importante para calibrar la calidad de la educación media y diversificada, cuando no ocultarla, y por lo tanto no asumirse como un problema de Estado. Esto a pesar de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se proclama a la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, de carácter gratuita y obligatoria, y que el Estado asume como una función indeclinable y de servicio público.
Las consideraciones acerca de los procesos, proyectos y otras formas establecidas para ingresar al Sistema Educativo de Educación Superior pasan, necesariamente, por las limitaciones de orden económico de los estratos sociales más bajos y las que surgen como producto de la falta de inversión en el sistema educativo, condiciones limitantes de la calidad en todos sus niveles. Adicionalmente, existen problemas relacionados con la formación docente que agravan la situación: profesores improvisados, escasa supervisión, muy mala remuneración, dificultades para realizar estudios de postgrado, entre los más destacados.
Se ha pretendido hacer ver que el problema de la exclusión en la educación superior estaba en la Prueba de Aptitud Académica o en las políticas de admisión de las universidades, y no en el deterioro de la realidad educativa, incluyendo la universitaria. Ahora que el gobierno se abroga la distribución de los cupos en el subsistema de educación superior, se hace evidente la gravedad de la crisis, por cuanto no es suficiente con garantizar el ingreso; es necesario crear las condiciones para que los estudiantes prosigan y culminen exitosamente sus carreras. Para ello se requiere más y mejor inversión en educación: en servicios estudiantiles (comedor, transporte, bibliotecas, becas, ayudantías, etc.), en formación docente, en mejora de la calidad académica de los alumnos y progreso profesional y salarial de los decentes en los niveles preuniversitarios, en mantenimiento de la planta física existente y en la creación de nuevas infraestructuras e instituciones.
En las condiciones actuales la exclusión se acentúa. Este es el lado oculto de la exclusión que no se quiere mostrar.
Prof. Rafael Rasse
udistasns@gmail.com
http://udistasns.blogspot.com/
2 comentarios:
Hola Rafael, leí tu artículo sobre la exclusión y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte que está excelente como parte del sustento de un trabajo de investigación acerca de la accesibilidad a la ES, que se relacione de alguna manera con el problema de la deserción. Pudiara incluso tomarse como período desde el momento que eliminaron la prueba hasta el presente. Sería fantástico incursionar en una investigación de campo, que incluya, tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Un abrazo y mi afecto de siempre. Zajari
Muy bueno su artículo profesor lo felicito....tiene toda la razón....
José Coello,
13 de julio de 2010 15:20
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