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La imposición de una constituyente universitaria amenaza a las universidades nacionales. El ministro para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, ha hecho pública la voluntad del gobierno de realizar una constituyente justificándola como medio para fortalecer la “revolución.”
El proceso a seguir, en un país donde el derecho a la participación tiene rango constitucional, debería comenzar con la consulta a la comunidad para decidir si se realiza o no para finalizar con la aprobación, o no, por la misma comunidad. Sin embargo, la Constituyente Universitaria pretende convocarse por otras vías. Nace de una decisión oficial que busca adecuar el funcionamiento interno de las casas de estudio a la Ley Orgánica de Educación. El Ministro Ramírez lo ha revelado en declaraciones a los medios de comunicación. Las palabras de Ramírez afirman que se busca que “profesores, empleados, obreros y estudiantes, participen en la construcción del proyecto país y del socialismo bolivariano”. De esta manera estamos más en presencia de un asalto a la Autonomía Universitaria que de una Constituyente Universitaria.
No niego, y creo que pocos lo harían, que las universidades deben transformarse. Pero este proceso no debe convertirse en un proyecto ideologizante que genere desequilibrios en el carácter amplio de lo universitario: pluralidad, discrepancia, tolerancia, centro del conocimiento, lugar de encuentro y de respeto en un clima de convivencia.
La discusión tiene lugar en un marco impuesto anticipadamente, cual camisa de fuerza. Ello contraría lo establecido en los fines de la educación promulgados en la LOE: “La educación, conforme a sus fines debe fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos y la no discriminación” (artículo 15, numeral 4). Este texto debió leerlo y considerarlo el Ministro Ramírez antes de anunciar la convocatoria a la Constituyente Universitaria.
Se les propone a obreros, empleados, profesores y estudiantes una oferta engañosa, un "peine". El gobierno que impulsa la constituyente en estos términos fue el mismo que en la Constitución de 1999 dio rango constitucional y reconocimiento a la Comunidad Universitaria, la que estaría integrada sólo por profesores y estudiantes (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, artículo 109).
Esta burda y disparatada maniobra para realizar una constituyente universitaria tiene sus orígenes en la relación de dominación total que caracteriza al presente gobierno. Se pretende convertir a las universidades en centros de promoción del socialismo bolivariano en lugar de centros para la cultura y el saber, en vez de confirmar su función como fuentes de conocimientos e ideas para la construcción del país que todos queremos.
No cabe duda que el intervencionismo del ámbito universitario ha tenido acogida en algunos miembros de la comunidad universitaria de la UDO, que participan de las ideas oficialistas y parecen dispuestos a entregar nuestra universidad sin mayor reflexión. Habría que preguntarles si han considerado los efectos, en el futuro de las casas de estudios, si se aceptara que cualquier gobierno modifique las universidades a su conveniencia.
Para muchos esto forma parte de la misma estrategia que desde hace algunos años se dirige a ahogar presupuestariamente a las universidades autónomas para ponerlas de rodillas ante el gobierno, lo cual se lleva a cabo por varias vías. Una de ellas es mantener a los obreros, empleados y profesores universitarios con un salario deteriorado que impide, en la mayoría de los casos, cubrir las necesidades básicas. Otra es la suspensión o retardo de los aportes para la seguridad social y HCM.
Además de la defensa de nuestra autonomía, dos ejemplos nos impelen a oponernos a la posibilidad de que el gobierno controle las universidades. Uno es PDVSA, empresa otrora ejemplo del país, y el otro es PDVAL. La primera fue desmantelada y convertida en un modelo de ineficiencia, burocracia y corrupción. La segunda muestra el fracaso de un plan de gobierno, en un aspecto neurálgico para el país, que fue concebido sobre la base de las expropiaciones de fincas y las ruinas del aparato productivo de la nación. Con la universidad puede pasar lo mismo.
Los universitarios debemos ser capaces de corregir nuestros errores, adecuar o modernizar nuestras estructuras, para asumir los retos del Siglo XXI, manteniendo el compromiso social, como hasta ahora se ha hecho.
Los intereses políticos deben, por su propia conveniencia, respetar el espacio académico, respetar la autonomía universitaria. La tradición democrática universitaria hace aparecer la Constituyente Universitaria con pocas posibilidades. Su imposición no será fácil si los universitarios actuamos como tales.
Prof. Rafael Rasse
http://udistasns.blogspot.com/
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