UDISTAS
Región,
13-02-2013, p. 14
Rafael Rasse*
Quienes nos hemos
mantenido en la lucha social y gremial como un medio de ofrecer nuestros
esfuerzos para lograr mejores condiciones de trabajo y calidad de vida, no
podemos dejar pasar por alto lo que adelanta el gobierno nacional, algunas organizaciones sindicales y
ciertos representantes gremiales de afinidad oficialista en lo que se ha
conocido como la “Convención Colectiva de Trabajo del Sector Universitario”.
Difícilmente una discusión de una Contratación Colectiva de
Trabajo, que se autopropone como única, válida para todos los trabajadores universitarios (obreros, empleados y
profesores), puede emerger sólo de los
sindicatos afectos al gobierno de turno.
Cuando se insiste en actuar de esa forma hegemónica se está
desconociendo al conjunto de federaciones y asociaciones que agrupan a la
mayoría de los trabajadores del sector universitario, como ocurre con los que
en el documento se denominan “trabajadores docentes”, es decir, los que
seguimos reconociéndonos como “profesores universitarios”.
Por lo que se lee al respecto, la inclusión poco les importa.
En el caso del Núcleo de Sucre podríamos decir que quienes han sido llamados a
reuniones en los despachos ministeriales para redactar la “Convención
Colectiva de Trabajo del Sector
Universitario” no han promovido su discusión en los espacios de la comunidad
universitaria. Prueba de que no les importan los trabajadores es que con ellos
no se debaten las propuestas.
Todo esto tiene un fin
político que no es otro que el de intervenir las luchas sindicales y gremiales
para ejercer control sobre los sectores de trabajadores universitarios, con la intención
última de liquidar sindicatos y colegios profesionales que les demanden mejores
condiciones de trabajo. Así pues, la
fulana Convención
Colectiva negaría las conquistas laborales adquiridas y constituiría una forma
de desprenderse de las Normas de Homologación,
Seguramente la
oferta puede sonar muy tentadora, muy al estilo de los ofrecimientos del
gobierno a los trabajadores de SIDOR, cuando se comprometió a convertir los pasivos laborales en capital accionario y luego los echó
en saco roto. Nos preguntamos por qué si el gobierno no ha podido honrar
compromisos con otros sindicatos y gremios y no nos ha cancelado las
obligaciones, vencidas desde hace varios años, por las Normas de Homologación a los universitarios, tenemos que creer que con
este invento sí nos van a cumplir.
Mirémonos en las experiencias ocurridas en
otros casos donde se han eliminado los interlocutores sindicales o gremiales
legítimos: ¿cuáles contratos colectivos se han firmado y respetado? Con estas
reflexiones les invito a defender, a no vender por cuatro lochas, nuestros
derechos y reivindicaciones, como debemos defender la universidad autónoma y
democrática.
______________
*Prof.
Dpto. Psicología e Investigac. Educativa UDO-Sucre
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