Prestaciones sociales, exprópiense

REGIÓN,  miércoles 18 de abril de 2012 / p. 10

Prof. Rafael Rasse

Dpto. Psicología e Investigación Educativa UDO- Sucre

http://udistasns.blogspot.com

Seguramente el gobierno esgrimirá argumentos que le permitirán presentar la actual Ley Orgánica del Trabajo como la gran panacea. Para ello deberá echar mano, como siempre lo hace, de los cuarenta años del puntofijismo, olvidando, y no por descuido, los 13 años de gobierno que preceden a la fecha del anuncio de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, como si en ese tiempo no hubiesen pasado cosas en las relaciones de trabajo de los venezolanos, que bien vale la pena refrescar. También se harán redoblar los verbos para anunciar culpas “pasadas” por la profundización de las injusticias sociales y laborales, así como del incumplimiento de los compromisos contractuales y el entreguismo de los sindicatos patronales que han existido –y siguen existiendo– en Venezuela.

Pero a la luz de nuestros días, y con los ojos más abiertos que nunca, los trabajadores nos preguntamos por qué el gobierno no ha podido honrar los compromisos adquiridos con gremios y sindicatos en lo que respecta a prestaciones vencidas  y contratos colectivos (y normas de homologación, en el caso de los universitarios), cancelar los pasivos laborales y demás deudas acumuladas. Ahora quiere que nos comamos el cuento de que es el gran y eficiente administrador de las prestaciones de los trabajadores.

En tiempos recientes, mayo del 2011, fue pública la noticia de la estafa al Fondo de pensiones y de previsión social de los trabajadores y ex-trabajadores de PDVSA. En ese mismo año, los trabajadores de Alcasa (CVG) se encadenaron a los portones de las fábricas en protesta para reclamar el pago de sus prestaciones sociales. Pero, además, cuando este gobierno “socialista” y “humanista” decidió nacionalizar Sidor, negoció el pago de las acciones que le correspondían a las empresas transnacionales, pero el de los sidoristas (experiencias del gobierno para convertir los pasivos laborales en capital accionario), fue tirado a un saco sin fondo. Hasta la fecha no han podido cobrar.

Y qué no decir cuando se trata de solicitar el cumplimiento los compromisos contractuales. Ante la convocatoria de la FAPUV para concentrar a los profesores universitarios en la planta baja de la sede del MPPES para exigir el cronograma de pagos de deudas por concepto de intereses de prestaciones sociales, ofrecido para el último trimestre del año 2011 por el propio Ministerio, la respuestas fueron insultos y luego la arremetida policial en contra de los colegas que allí manifestaban. El argumento del gobierno ante el justo reclamo de los trabajadores por el pago de la deuda por prestaciones sociales, como lo establece la Constitución, las leyes, las Actas Convenio y los Contratos Colectivos, no puede ser la represión.

El gobierno se ha propuesto cancelar las prestaciones de los trabajadores a través de la creación de un fondo único de inversión y de pensiones con recursos de PDVSA (¿por qué no las habrán cancelado?) Después de lo presentado anteriormente, los trabajadores todos tenemos razones para estar muy preocupados y movilizados, más cuando es el propio gobierno el que se propone como administrador de estos fondos. No vaya a ser esta una herramienta para expropiarles las prestaciones a los trabajadores, quienes recibirán papeles (“petrobonos”) por un valor nominal como pago de sus prestaciones, que luego deberán cambiar en el mercado secundario por un precio menor (valor real), teniendo el trabajador que asumir las pérdidas que por concepto de esta negociación se produzca. ¿Por qué, si esta fórmula es tan buena, no es el propio gobierno quien vende los petrobonos y nos paga en efectivo, en dinero contante y sonante, como también lo establece la Constitución?

El gobierno se delata en dos verdades capitales para los trabajadores. Lo primero es su intento de tapar, con la retroactividad de las prestaciones prevista en la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, la creación de un Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad que administre los ahorros de los trabajadores del sector estatal y privado –sin que nadie le haya dado esa potestad–, una trampa similar al ppprrriiiii… del pito que precede al anuncio de “PRESTACIONES SOCIALES, EXPRÓPIENSE”. Y lo segundo, no menos grave, es que no tiene recursos para pagar las prestaciones de los trabajadores.