UDISTAS
Región, 19-06-2013, p.14
José
Malavé M.*
El 14 de junio comenzó a difundirse la engañosa noticia de
que los trabajadores universitarios, incluidos los profesores, habían alcanzado
“un aumento de más del 100%” en beneficios salariales. Y con tal especie
comenzaron a circular, igualmente, las falsedades, los chantajes, las amenazas,
modos tan característicos de los sectores oficialistas.
No
se puede entrar a considerar aquí el engaño que suponen esos “aumentos”; ya
habrá espacio para ello, aunque sí podría adelantarse que no contemplan los
índices inflacionarios, y en particular el valor actual de las canastas
alimentaria y básica, lo que los hace poco reales y apropiados. Este “logro” es
el producto de un “acuerdo” levantado sobre un texto falaz y muy peligroso para
la universidad venezolana: la Convención Colectiva Única.
La
opinión común desconoce el contenido de ese adefesio, pero también lo ignoran
muchos universitarios. Se trata de una estratagema armada para tratar de dejar
a un lado a la FAPUV (y a su directiva), la auténtica organización
representativa de los profesores universitarios (reúne a 40.000 docentes), y en
su lugar colocar a “federaciones sindicales” cuya representatividad está en
cuestión, pues no son el producto de ningún proceso electoral democrático. Y no
sólo “negociar” aparte, sin estorbo, acuerdos que desconocen los derechos de
rango legal recogidos en las Normas de Homologación aprobadas en 1982 y todavía
vigentes (ver https://docs.google.com/file/d/0B5VjlDKUUR1NUmNscGRZempBUUE/edit), sino, más grave aún, hacerlo sólo con
entes del gobierno (violación legal) y permitir que se deslicen a través de ese
instrumento contractual dañinas implicaciones como la negación de la pluralidad
de la universidad, de la autonomía universitaria, de la condición académica;
con lo cual se estaría violando la Constitución Nacional, la Ley de
Universidades vigente y otras normas legales.
Por
limitaciones de espacio sólo veamos dos ejemplos:
En la cláusula 6
se establece que el empleador (que pareciera ser ahora el Ministerio de
Educación Universitaria, y no las autoridades rectorales de cada universidad,
pues ni siquiera fueron incluidas en la “discusión” de la convención colectiva)
y las federaciones se comprometen a la divulgación de la ética socialista en
las instituciones de educación universitaria. Con este compromiso se estaría
imponiendo una línea de pensamiento, lo cual negaría el principio
constitucional y legal del pluralismo político.
En la cláusula 96,donde se aborda
lo relativo a la libertad de cátedra, se dispone que los programas de las
asignaturas, las evaluaciones y los planes de Investigación, Extensión y
Producción deberán estar en concordancia con el contenido de la Cláusula 6 de
la presente Convención Colectiva Única, y ya vimos el sesgo político allí
establecido. Es decir, que también la cátedra estará sometida a condicionantes
que amenazan el carácter plural propio de la educación universitaria.
Esta convención que se nos
quiere imponer vulneraría radicalmente el ser y sentido de la universidad.
*
Prof. Dpto. Filosofía y Letras UDO-Sucre
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