UDISTAS
Región,
28-08-2013, p.14
Rafael
Rasse*
Las comunicaciones de
la FAPUV expresan nuestras firmes demandas de respeto a la autonomía y
pluralidad universitaria, la asignación de un presupuesto justo a las universidades
y reclamo de la vigencia de las Normas de Homologación; así mismo, el cumplimiento
por parte del gobierno nacional de los aportes federativos para la seguridad
social de los profesores y la atención debida a las reivindicaciones
estudiantiles, además de la exigencia de nombramiento de los representantes del
CNU que integrarán la comisión técnica que discutirá con nuestra Federación la
aplicación de las Normas de Homologación.
FAPUV tiene sobradas
razones para sostener que “el conflicto continúa en los mismos términos hasta
alcanzar los objetivos”, si consideramos que el gobierno, intentando mostrar
cara dialogante, ha firmado compromisos de obligada observancia que no pasan de
reconocer lo que la Constitución, leyes, reglamentos y convenios establecen:
reconocer la vigencia de las actas convenio de los profesores universitarios y los
acuerdos firmados con la FAPUV, aceptar que la clasificación del personal
docente y de investigación es la establecida en la Ley de Universidades, o admitir
la libertad de asociación gremial, entre otros. Así las cosas, cabe preguntarse
qué interés tiene el gobierno en alimentar este conflicto, porque el problema
no está en lo dicho (reconocido), pues, como sugiere el refrán, “¡Del dicho al hecho, hay mucho trecho!”
Este trecho, en la
realidad, es un abismo, porque el gobierno y su representante, el Ministro de
Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, no ha podido hacerlo mejor para que
sea exactamente lo contrario a lo dicho. De hecho, este conflicto no existiría
si el Gobierno hubiese cumplido los compromisos laborales con los profesores, obligaciones
violadas desde el 2004; si se hubiese reunido con la FAPUV, a quien hoy
reconoce como legítimo representante de los profesores, para acordar
condiciones salariales y laborales dignas; si hubiese asignado presupuestos
suficientes para el funcionamiento de las universidades, en vez de congelarlos
durante 6 años, para que hoy reconozca su obligación de financiar la educación universitaria.
Nada de esto estaría pasando hoy.
La FAPUV y el
movimiento estudiantil han estado unidos en la exigencia de mejores condiciones
de trabajo y de estudio. Le toca al Ministro y al gobierno en general llevar a
hechos lo que ha dicho y ratificado en las mesas de diálogo, haciendo honor a la
palabra, porque -¡extrañamente!- también ha reconocido el carácter progresivo
de los derechos laborales, por lo que queda entendido que ninguna convención (léase
I CCU) puede desmejorar las condiciones de trabajo de los profesores.
El
acoso y la violencia no han tenido los efectos que esperaban. Este conflicto es
de las bases profesorales pronunciadas en asambleas y finalizará una vez que se
hayan alcanzado los objetivos planteados.
*Prof. Dpto. Psicología e Investigación
Educativa UDO-Sucre
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